Acerca del nuevo Código Ético de la Universidad de Granada y el acceso a la función pública respetando los principios constitucionales de mérito y capacidad

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Acerca del nuevo Código Ético de la Universidad de Granada y el acceso a la función pública respetando los principios constitucionales de mérito y capacidad

Son 2 los puntos relevantes donde según mi opinión se deben incidir en aras del cumplimiento no solo de lo que resulta deseable para un Código Ético completo, sino para ajustarse a la legalidad vigente:

  1. La Directiva UE 2019 1937, conocida como ‘Whistleblowing’, fijó su obligatoriedad de transposición en 2 años que se cumplieron el 19 de diciembre de 2021. Pese a que no se ha desarrollado la normativa española en plazo las empresas y las entidades (como la Universidad de Granada) como ha expresado el Juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco es directamente ejecutable respecto a los derechos que generen los afectados. La Directiva protege de represalias, de una forma extensa, a los denunciantes de irregularidades (o de actos ilícitos). Las empresas y organizaciones vienen obligadas para limitar su responsabilidad (que les alcanza si no actúan adecuadamente) a establecer un protocolo de solución de estas denuncias y a designar un “oficial de cumplimiento” que resulte encargado de estas funciones. Se han de establecer “canales de denuncia” para ofrecer respuesta a esta nueva normativa que ya es exigible (por aplicación directa de la Directiva) y que genera hipotéticas responsabilidades. (Muchas grandes empresas desde hace meses han implementado los protocolos para ajustarse a la Directiva citada que ya está en vigor).
  2. Establecimiento de criterios que redunden en actuaciones de transparencia (“real”) en las actuaciones tanto de la Universidad como de los Departamentos.

Las propuestas de mejora, serían las siguientes:

CUESTIÓN A)

  1.  Realización del protocolo para la tramitación de denuncias internas siguiendo las indicaciones de la Directiva UE 2019 1937 (tramite obligatorio).
  2. Designación del oficial de cumplimiento (que es también obligatorio).

CUESTIÓN B)

El punto inicial tiene que ver con el acceso a los puestos de trabajo de los docentes.

En cuanto al nepotismo indica el proyecto de código ético:

“en ningún caso se hará uso de la posición dentro de la Universidad para beneficiar a nadie” por parentesco o amistad “tanto en la contratación de personal como en cualquier actividad académica o relación comercial. En estos casos, si existe una relación familiar o de amistad, deberá hacerse siempre pública”.

Tomando esta afirmación como punto de partida se sugieren medidas específicas tales como:

  1. Que los tribunales que otorgan plazas de trabajo no los designe la dirección del departamento, sino que se haga por sorteo (el proyecto nonato de Universidades hacía mención a esta medida, muchos departamentos la siguen, otros en absoluto). En este caso, ese “eventual nepotismo” no solo lo permiten los criterios existentes en la Universidad, sino que ese comportamiento implica incumplimiento de la Constitución (artículo 103.3: el acceso a la función pública se realizará respetando los principios de mérito y capacidad).
  2.  Que los méritos de acceso a una plaza sean uniformes, públicos y no diseñados por cada departamento “ad hoc”.
  3.  Que los directores de tesis (por interés manifiesto) no puedan formar parte de un tribunal que resuelva plaza si entre los candidatos está su pupilo.
  4. Que se establezcan criterios para que las designaciones de Dirección de Departamento no se mantengan entre personas que mantengan una afinidad (personal o familiar) manifiesta, de modo que se evite que la Dirección sea la misma durante décadas.
  5. Que los gastos llevados a cabo por la dirección de cada departamento se hagan públicos para clarificar el uso del dinero público, comportamiento que se deben proyectar a los proyectos de investigación.

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