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STC de 2 de febrero de 2017. Tecnología y derecho de huelga

La reciente sentencia del TC de 2.02.2017 concluye que  el uso de medios técnicos que se encuentran a disposición de la empresa no implica vulneración del derecho de huelga para aquellos supuestos en que los empleados que acuden a trabajar realizan sus funciones habituales sin haber sustituido a los huelguistas. La sentencia destaca que el uso por parte de los trabajadores que no habían secundado la huelga de los medios técnicos de los que disponía la empresa no incurría en vulneración del derecho en la medida en que no realizaban funciones ajenas a su cargo para sustituir a los trabajadores en huelga.

La protección constitucional del derecho a la huelga, añade, impone limitaciones al empresario, pero no le obliga -ni a él ni a los empleados que deciden ejercer su derecho a trabajar- a contribuir al éxito de la protesta.

En realidad el supuesto de hecho merece alguna precisión añadida. Se hacía referencia específica a la emisión por Telemadrid de un partido de fútbol en el curso de una huelga debiendo corresponder la retransmisión ordinaria a un grupo de trabajadores que de forma casi global se había adherido a la descrita situación de huelga. El día de la huelga la cadena sólo emitió el aludido programa de modo que la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) remitió la señal desde el estadio de fútbol hasta control central de Telemadrid. Desde el control central de Telemadrid un trabajador que no se había sumado a la huelga, y que entre sus cometidos tenía la  función de conmutar señales, la envió al locutorio. El locutorio en aquel momento permanecía operativo y encendido dado que nadie lo apagó tras finalizar el partido de Champions que se disputó la noche anterior, de tal modo que el aludido trabajador –no sumado a la huelga- pudo llevar a cabo la locución.

En el caso descrito, finalmente la retransmisión fue posible sin la intervención de la actividad material de los trabajadores huelguistas “mediante el empleo de medios tecnológicos que, en razón de su automatismo, permiten prescindir en determinadas circunstancias de los habituales cometidos de los trabajadores en la empresa”.

En cuanto a las consideraciones jurídicas tenidas en cuenta por el Pleno del Tribunal Constitucional se tiene en cuenta que:

  1. a) La ley prohíbe el denominado “esquirolaje” en situaciones de huelga, término que, a tenor del criterio constitucional incorpora no solo la contratación de trabajadores para la realización de las funciones atribuidas a los huelguistas, sino incluso la realización por parte de los trabajadores de la propia empresa (que en su caso no hubieran decidido secundar la huelga) de aquellas tareas que tuvieran asignadas aquellos que hubieran optado por realizar huelga.
  1. b) Se tiene en consideración que los trabajadores que hicieron posible la retransmisión no acometieron “funciones distintas de las que vienen desarrollando habitualmente” (en razón a que “el trabajador de control central conmutó señales dentro de sus funciones”). En forma complementaria hicieron uso de un medio técnico (el Codificador B o línea de reserva) que no se utiliza de forma habitual pero que constituye un recurso técnico para cubrir determinados fallos de emisión.
  1. c) En la hipótesis contraria, si se exigiera al empresario “que no utilice medios técnicos con los que cuenta en la empresa”, ello derivaría en la imposición de una conducta de colaboración con la finalidad propia de la huelga no prevista legalmente, de modo que ni la CE ni la doctrina constitucional, dirigen el comportamiento de los demás trabajadores para contribuir al éxito de la reivindicación, en tanto que el respeto a la libertad de trabajo también forma parte de los derechos de los trabajadores. También se valora que el empresario no queda obligado a reducir la actividad empresarial más allá de las consecuencias lógicas que deriven del seguimiento por parte de los trabajadores que libremente optaron por secundar la huelga.

Concluye por tanto el Tribunal que, por tanto, no se produjo la alegada vulneración del art. 28.2 CE.

Sin embargo, frente al posicionamiento mayoritario –en una clara muestra más de que en derecho son habituales los claroscuros- el Magistrado Fernando Valdés emitió su voto particular secundado por otros dos magistrados en el que el comportamiento de la empresa de facto –y bajo la apariencia de una actuación de normalidad productiva- procedió a vaciar de contenido el derecho de huelga ejercitado de forma amplia por los trabajadores, recurriendo de forma decisiva a la actuación de un trabajador que realizaba sus funciones en un departamento (control central) cuyo cometido habitual no era operar sobre la señal televisiva, procediendo a redireccionar la señal a un descodificador alternativo, empleado sólo en casos excepcionales para supuestos en que no pudiera transmitirse la programación. Concluye el magistrado que concurre una vulneración del derecho fundamental del derecho de huelga toda vez que se dio lugar a una “la suplantación absoluta de las funciones encomendadas a los trabajadores mediante el empleo de medios inhabituales que solo buscaban el fracaso de la huelga”.

En mi opinión dados los antecedentes que regulan a la ausencia de regulación normativa a la través de la Ley Orgánica –que no existe- sobre el derecho de huelga la aparición de zonas grises como la descrita nos puede ofrecer sólidos argumentos a favor de una posición y de la contraria. Se ha de admitir de entrada –obvio- que la mayoría de la solvente doctrina iuslaboralista entiende con argumentos no banales que en la forma descrita se ha vaciado de contenido el derecho de huelga. No comparto el posicionamiento extremo de esta tesis dado que la jornada de huelga propició la práctica omisión de la totalidad de las emisiones ordinariamente emitidas, si bien fue posible con los medios de que disponía la empresa la emisión del partido de fútbol aludido.

Las conclusiones que me permito extraer de la STC de 2 de febrero de 2017 son las siguientes:

1) El hecho de que se considere dentro de los límites constitucionales la posibilidad de emisión de un partido de fútbol con los medios técnicos de que la empresa dispone aunque no se usen habitualmente –y aunque ese fuese el objetivo más deseado de los promotores de la huelga- me sugiere que la huelga fracasó en su planteamiento estratégico pero que la empresa no cometió ningún comportamiento que se pueda tachar de ilegal o limitativo de un derecho de alcance constitucional.

2) La cara B de la sentencia lo que deja de manifiesto, aparta de una flagrante indefinición del derecho constitucional de huelga como consecuencia de la inexistente Ley Orgánica que lo desarrolle es más imputable al legislador que a los tribunales que han de nadar en corrientes indudablemente turbias ante la grave indefinición normativa existente. Tal indefinición normativa se extiende –y ese extremo sí es particularmente grave a la actual redacción del artículo 315 CP que penaliza con inusitada dureza y ambigüedad (se habla de “coacciones” que ni siquiera han de ser de carácter físico) a los trabajadores que propician o limitan el derecho al trabajo –frente a quienes exteriorizan un posicionamiento favorable a la huelga-.

No creo pues que las consecuencias prácticas que se deducen del posicionamiento constitucional deriven en una restricción de facto del derecho de huelga que pueda apreciarse como sustancial. Antes al contrario, entiendo que lo que urge es derogar el artículo 315 del CP –o bien alternativamente reducir la dureza y arbitrariedad que su aplicación propicia- (ver mi artículo: “El perfil inconstitucional de la regulación del derecho de huelga: un debate en la sombra”, Revista Aranzadi Doctrinal, ISSN: 1889-4380, febrero, nº 2/2016, BIB 2016/223, pág. 285 a 290) así como invitar a las fuerzas parlamentarias a buscar un acuerdo pactado que perfile de una vez por todas el derecho constitucional en juego, avanzando así en la paz social sin la cual no es posible el desarrollo económico y la prosperidad.

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