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¿Cómo indemnizar el daño moral? STS de 24 de enero de 2017

La sentencia de la Sala de lo Social, Sección 1ª del Tribunal Supremo, num. 43/2017 de 24 enero, Recurso de casación para la unificación de doctrina 1902/2015,  resuelve un supuesto en que se establece un criterio para cuantificar la indemnización correspondiente a la lesión de un derecho fundamental.

Resumen de la sentencia.

Se aborda la LESIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO. El supuesto de hecho concreta la disminución retributiva sufrida por una médica residente durante el período correspondiente a la adaptación del puesto por embarazo, vinculada a la no realización de guardias médicas. Se plante en tal caso el criterio seguido para la indemnización por daños materiales y morales.

La pretensión se deduce de la pérdida salarial en que se traduce la adaptación del puesto de trabajo como consecuencia de la situación de maternidad que contraindica la realización de guardias médicas.

A este respecto se afirma que «la jurisprudencia constitucional española ha establecido las pautas del análisis judicial de las denuncias de discriminación indicando que el órgano judicial no puede limitarse a valorar si existe una justificación objetiva y razonable, como si se tratara de un problema relativo a la cláusula general de igualdad, sino que debe entrar a analizar, en concreto, si lo que aparece como una diferenciación formalmente razonable no encubre o permite encubrir una discriminación contraria al art. 14 CE ( STC 182/2005 y 66/2014)». Se concreta además que  «incluso si concurriera causa legal, la libertad empresarial no alcanza a la producción de resultados inconstitucionales (por todas, STC 87/2004, de 10 de mayo , F. 2), y que no es admisible una minusvaloración o perjuicio en las condiciones de trabajo inmediatamente asociado a la maternidad, al constituir una discriminación directa por razón de sexo ( art. 14 CE)».

Aplicando la doctrina europea se entiende, STJUE de 1 julio 2010 (Asunto Parviainen, C-471/08) que «la reducción de la remuneración de una trabajadora que sigue trabajando efectivamente no sólo sería contraria al objetivo de protección de la seguridad y de la salud de las trabajadoras embarazadas perseguido por la Directiva 92/85, sino que además vulneraría las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de igualdad de trato entre trabajadores y trabajadoras…».

Criterios para cuantificar el daño moral.

La trabajadora recurrente, interesaba una indemnización de 1339,03 € por daños materiales -consistentes en la remuneración dejada de percibir, calculada conforme el promedio mensual que por el concepto de atención continuada había venido recibiendo- y de 6251 € por daños morales -cuantía que coincide con la cuantía mínima de la multa fijada en el art. 40.1 c) de la ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social ( LISOS )-.

En cuanto a los daños materiales se valora que el efecto perjudicial directo sufrido por la trabajadora se traduce en la falta de una parte del salario que habitualmente venía percibiendo, entendiéndose adecuado el cálculo de tal perjuicio en el promedio ponderado del importe que mensualmente abonado por el concepto discutido hasta el momento de la adaptación del puesto.

En cuanto a los daños morales, se advierte que la utilización del criterio orientador de las sanciones pecuniarias previstas por la LISOS ha sido admitido por la jurisprudencia constitucional (STC 247/2006) habiéndose admitido también este criterio por la Sala del Tribunal Supremo (STS/4ª de 15 febrero 2012 -rec. 67/2011-, 8 julio 2014 -rcud. 282/2013 – y 2 febrero 2015 -rcud. 279/2013 -, entre otras).

Se argumenta que, como se ha señalado en otras ocasiones, sin pretender acometer una aplicación sistemática en la cuantificación de las sanciones de la LISOS, hay que ceñirse a «la razonabilidad que algunas de esas cifras ofrecen para la solución del caso, atendida a la gravedad de la vulneración del derecho fundamental», entendiéndose como en el caso debatido que así ocurre cuando se aplica la sanción en su importe mínimo.

Se considera pues acertado recurrir al parámetro indemnizatorio que fija la LISOS –cuantía mínima de la multa fijada en el art. 40.1 c) de la ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) que en el supuesto aludido asciende a 6.251 €.

 

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