Economía colaborativa y crisis del derecho del trabajo
25 enero, 2019
La lesión agravada tras el accidente de trabajo
15 marzo, 2019

El indulto de dos sindicalistas

 

Los sindicalistas Carmen Bajo (trabajadora en paro de 53 años) y Carlos Cano (estudiante de medicina) fueron condenados a la pena de 3 años y un día de cárcel por su participación en un piquete informativo en la huelga general que se produjo en marzo de 2012 en la ciudad de Granada.

Precisamente esta semana –el pasado lunes 11 de marzo de 2019- se publicó en el  Boletín Oficial del Estado (BOE) el indulto de ambos (Carmen Bajo: https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/11/pdfs/BOE-A-2019-3456.pdf, y  Carlos Cano https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/11/pdfs/BOE-A-2019-3457.pdf.

Ya en su día analicé la sentencia aludida junto a otra –también destacada y conocida a nivel nacional en que se aplicó la misma severa pena para comportamientos que tenían un más que discutible encaje punitivo- a través del artículo “El perfil inconstitucional de la regulación del derecho de huelga: un debate en la sombra”, Revista Aranzadi Doctrinal, ISSN: 1889-4380, febrero, nº 2/2016, BIB 2016/223, pág. 285 a 290.

En aquel comentario destaqué al analizar los hechos que justificaron la posterior sentencia condenatoria lo siguiente:

“Nos situamos temporalmente sobre las 0:30 horas del día 29 de marzo de 2012, fecha coincidente con una huelga general. El comportamiento de los implicados junto a un grupo de unas 40 personas consistió en gritar consignas en el interior de un bar situado en el centro de la ciudad. Con carácter previo dos individuos entraron en el local ofreciendo información relativa a la huelga, uniéndose con posterioridad unas 40 personas llegando a utilizar un megáfono, y conminando a la trabajadora del establecimiento a sumarse a la huelga. Una vez dentro el grupo de personas realizó un graffiti en la pared incluyendo consignas relativas a la huelga y sus motivos. Los daños provocados, incluida la pintura de la pared ascendieron a 767 €. En forma añadida hicieron fotografías a la dueña afirmando concretamente «vamos a ir a por ti, vamos a volver a tu negocio y te lo vamos a joder». En el interior del local se encontraban unos 8 ó 9 clientes y la propia dueña que atendía el establecimiento. Ésta,  ante la circunstancia expuesta avisó a la policía que se personó en el local siendo las últimas personas en desalojar el local el estudiante de medicina y la trabajadora en paro (únicos procesados del grupo de cuarenta personas que intervino en los hechos). Como se puede apreciar la razón del procesamiento de estas dos personas, de entre el número indeterminado de 40 que integraban el piquete, deriva totalmente del azar (las últimas en salir) y no de una prueba incriminatoria desarrollada a tenor de los hechos concretos derivados de un proceso de investigación que se pudiera haber llevado a cabo. Por el motivo expuesto les fue solicitada la identificación y posteriormente se dio lugar a la apertura de diligencias penales”.

La sentencia condenatoria que se produce fue dictada por la Audiencia Provincial de Granada de 20 de mayo de 2014 (núm. 280/2014), ratificando la procedente del juicio identificado con el Rollo nº 82/2013, del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada.

Prosigo advirtiendo que:

Provoca sorpresa que pese a tratarse de hechos tan graves como para determinar sendas penas de prisión de 3 años de cárcel se recoja que el desalojo se produce sólo por la llegada de la policía que, asombrosamente deja que todos salgan –sin tomar declaración, ni identificar ni a los miembros del piquete que se encontraban en el interior del local, ni a los clientes-. Se puede apreciar como de forma natural y sin crear indefensión alguna se podía haber contribuido a formar la convicción judicial a través de una fórmula más objetiva que la simple remisión o declaración integrada por la dueña del local afectada por las pintadas. Bastaba en el periodo de instrucción de la causa con requerir a la dueña del establecimiento para que identificara a alguno de «sus» 9 clientes que se encontraban en el local el día de los hechos.

El apoyo jurídico en que se sustenta la condena de 3 años de cárcel para los dos miembros del piquete de huelga se apoya en la coautoría. Indica la sentencia que, de forma expresa o tácita, la misma es frecuente cuando «todos los que participan en la ejecución del hecho demuestran su acuerdo» requiriéndose, además, «una aportación al hecho que pueda valorarse como una acción esencial en la fase ejecutoria, lo cual integra el elemento objetivo, circunstancia que puede tener lugar aun cuando el coautor no realice concretamente la acción nuclear del tipo delictivo». Se entiende, por tanto, aplicando la doctrina penal que resulta suficiente que cada uno de los acusados haya participado de algún modo mediante algún comportamiento en el suceso concreto de que se trate. En conclusión hay colaboración en los hechos y, en consecuencia, hay participación y por tanto culpabilidad”.

Y continuo:

Pese a que pueda parecer lo contrario, en una descarga de conciencia poco sólida, la sentencia condenatoria en su modo agravado, considera haber tenido en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional, sentencia 254/1988, de 21 de diciembre, según la cual «la fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe, por su parte, el alcance de las normas limitadoras que actúen sobre el mismo; de ahí la exigencia de que los límites de los derechos fundamentales hayan de ser interpretados con criterios restrictivos y en el sentido más favorable a la esencia de esos derechos». Parece afirmar la Sala que pese a que el derecho de huelga es un derecho constitucional fundamental las normas limitadoras de su ejercicio se han de aplicar de forma restrictiva a pesar de que la más pura evidencia muestra lo contrario. No parece, en cualquier caso, que la Sala haya aplicado, ni mucho menos una interpretación restrictiva de las normas limitadoras del derecho fundamental.

Hagamos, pues, una mención relacionada de los criterios tenidos en cuenta para aplicar la pena de 3 años de cárcel –pena máxima que permite el artículo 315.3 CP- a los dos miembros del piquete:

1º.- Tenemos un local (bar) situado en una ciudad (Granada) donde a los pocos minutos de iniciarse el día de comienzo de una huelga general se persona un piquete de huelguistas. Lo preceden dos personas que informan de los objetivos de la huelga a las que siguen otras 40.

2º.- Uno de los miembros del piquete utiliza un megáfono para insultar, amenazar y conminar al seguimiento de la huelga. Hay pues «intimidación moral», que no física.

3º.- Determinados miembros del piquete realizan pintadas en la pared del establecimiento y otros daños cuyo coste se cifra en 767 €.

4º.-  La actividad del establecimiento no se detiene el día del altercado.

5º.-  Una vez que se persona la policía en el local no aprecia la realización de hechos graves. Desde luego, no consta ningún acto de violencia física. Ello deriva de forma lógica de que todos los miembros del piquete salen del local, se identifica sólo a los dos que salen en último lugar y además –de forma muy significativa- ni siquiera se toma declaración ni identifica a los 8 ó 9 clientes que había en el local, ni a ningún otro miembro de los 40 integrantes del piquete.

6º.-  La condena a los dos piquetes procesados por los hechos ocurridos en día 29 de marzo de 2012 se produce por la única y exclusiva declaración de la dueña del establecimiento producida un año después (a tenor del juicio oral que se lleva a cabo tras la formación del Rollo nº 82/2013, del Juzgado de lo Penal número 1) sin que hubiera testigo alguna que lo ratificara. Se trata, pues de una débil prueba incriminatoria no contrastada por testigo alguno –pese a que había 8 ó 9 clientes en el bar-, pese a que la policía o la propia propietaria pudo haberles identificado. Por cierto, ¿no es llamativo que la propietaria identifique un año después a 2 personas de entre un grupo de 40 y no haya identificado a 8 ó 9 de sus propios clientes para que ratificaran su versión? Tengamos presente que estamos en un procedimiento penal, de consecuencias gravísimas de privación de libertad, y no en un juicio sobre servidumbre de paso.

7º.- Bajo el paraguas de la coautoría los piquetes condenados responden de: la actuación de quien usó el megáfono, de quienes realizaron las pintadas, de quienes realizaron las supuestas amenazas independientemente de su actuación concreta al reconocérseles la participación en los hechos en alguna medida… De ello se podría colegir, con igual criterio que los 40 intervinientes en los hechos podrían haber sido condenados prácticamente todos a los 3 años de prisión impuesta a 2 de los participantes, a la vista de –en palabras de la propia sentencia- su «colaboración efectiva».

8º.-  No hay explicación razonada ni razonable para imponer una pena tan grave de privación de libertad a unas personas finalmente condenadas de forma absolutamente aleatoria (fueron los últimos en salir del establecimiento), sin que se haya identificado ningún comportamiento personal de especial gravedad que pueda justificar con un mínimo criterio de proporcionalidad la pena de 3 años de privación de libertad.

La situación por la que condena la sentencia a una pena de 3 años de cárcel me trae a la memoria actuaciones represivas de otra época. En Granada en épocas predemocráticas –las mismas en que se redactó el artículo 513.3 CP- fueron detenidos por la policía algunos integrantes de un grupo de manifestantes. En el atestado, tras la indicada detención se indicaba «Los detenidos se manifestaban al subversivo grito de ¡libertad, libertad¡».

El perfil inconstitucional de la sentencia

La justificación reconocida de la norma aludida correspondiente a la reforma de 1976 pretendía «hacer frente a la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga». En este contexto el objetivo que subyace radica en la intimidación a las organizaciones sindicales –que en ese momento aún mantenían su clandestinidad- previamente a la aprobación de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical así como a los trabajadores más activos en su implicación en los piquetes de huelga.

En los casos descritos el bien jurídico protegido en este artículo sería el derecho de los trabajadores a no hacer huelga, expresando el artículo 6.4 del Real Decreto 17/1977 de 4 de marzo sobre relaciones de trabajo que «se respetará la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no quisieran sumarse a la huelga».

Llama la atención que el apartado que se comenta se mantenga prácticamente inmodificado a partir de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Seguramente la ausencia de desarrollo normativo del derecho de huelga ha amparado la vigencia sin modificaciones del precepto que se comenta.

Es de reseñar que la norma aplicada artículo 315 del Código Penal en su 3er. párrafo, el de la discordia, persigue el comportamiento de quienes actúen, coaccionando a otras personas a «iniciar o continuar una huelga». La pena de prisión aplicada es sustancialmente más grave que la de los párrafos precedentes pues contempla un arco sancionador comprendido entre «un año y nueve meses hasta tres años –más multa dieciocho meses a veinticuatro meses-».

En la nueva redacción del artículo 315.3 redactado por el nº 169 del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo), con vigencia desde el 1 julio 2015 la condena de prisión y la de multa figura como alternativa –se aplica una u otra-. También se debe tener en cuenta que en este pfo. 3º se contempla este tipo delictivo que sancionaba –al momento de producirse los hechos de las sentencias comentadas en el presente trabajo- con la pena superior en grado a la del tipo básico del art. 315.1 CP. Esto es se sancionaba a quienes «actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga» aplicándoles la pena superior en grado a la expuesta. Se venía así a recoger un tipo específico protector del derecho de los trabajadores a no iniciar la huelga o, en su caso, a no continuarla. La precisión derivada de la pena superior en grado implicaba que de aplicarse el tipo penal la pena podía oscilar entre 3 años y 4 años y 6 meses de prisión.

Hoy los contenidos represivos del Código Penal –en lo que se refiere, aunque no exclusivamente al artículo 315.3- ofrecen arbitrariedad e inseguridad jurídica. Nada justifica que el delito de coacciones ofrezca un tipo autónomo –y de mayor gravedad punitiva- si las coacciones van dirigidas a una actividad relacionada con el derecho fundamental de huelga. Nada justifica la interpretación extensiva realizada del delito para el supuesto en que aleatoriamente se identifique a un miembro del piquete recurriendo al banal argumento de la coautoría concentrando en su persona todos los comportamientos punibles llevados a cabo por la masa. ¿O acaso sería razonable imputar por homicidio o asesinato –por poner un ejemplo expresivo- a cualquiera de los 19 ultras del conocido Frente Atlético que fueron detenidos por participar en la reyerta que finalizó con la muerte del seguidor del Deportivo de la Coruña, Francisco Javier Romero, alias Jimmy? Aquí automáticamente nos saltan las alarmas de los principios básicos protectores del Derecho Penal partiendo por la presunción de inocencia. Sin embargo, si hablamos de derechos de los trabajadores decididamente nos sigue valiendo  una norma preconstitucional que, como hemos visto, fue aprobada para mantener bajo control la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominaban piquetes de extensión de huelga y que, en su día, se integraban en el seno de las organizaciones sindicales clandestinas.

Conclusiones

La aplicación del delito de coacciones vinculado al ejercicio del derecho de huelga (artículo 315.3 CP) viene de antiguo provocando una controversia que persiste  ante la inestable posición del legislador. Provoca una gran inseguridad jurídica el carácter dispar que ofrecen los pronunciamientos judiciales en relación a comportamientos que pese a ser equiparables dan lugar a soluciones claramente diferenciadas. De otro lado, queda en evidencia la quiebra del principio de proporcionalidad al prever el tipo penal penas bastante más elevadas que para el delito básico de coacciones sin apoyo razonable suficiente. En la sentencia comentada pese a que se menciona de soslayo el criterio del Tribunal Constitucional de interpretación del delito en forma restrictiva, al afectar a un derecho de carácter fundamental, lo cierto es que mantienen una interpretación rigurosa en la misma línea dura que mantiene el Ministerio Fiscal. En razón a lo expuesto y, pese a que la nueva norma prevé la posibilidad de aplicar alternativamente la pena de prisión o de multa, entiendo que procede realizar una interpretación normativa coherente con el derecho constitucional de huelga que ha de imponer bien la supresión del artículo 315.3 CP o bien la exigencia de que la coacción moral no integre el tipo penal si no concurren actuaciones de carácter violento.

Con lo expuesto no se quiere llegar a la conclusión de que no ha de merecer respeto la decisión libremente adoptada de alguien que desea trabajar y buscar los medios económicos para su sustento. Lo que parece desproporcionado es aplicar una pena de 3 años de cárcel por unos hechos que no incorporaron actos de violencia material y se tradujeron en unos daños tasado en 767 €.

Deja un comentario