“La jornada de 35 horas: avance social o planteamiento inconstitucional”

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“La jornada de 35 horas: avance social o planteamiento inconstitucional”

Mi exposición prevista para mi intervención ayer en las  la jornada de ayer en las XXXVI Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones
Laborales. Córdoba, 23 y 24 de noviembre de 2017 -luego resumida a tenor de la falta de tiempo-.

Cuando surge el debate relativo a la reducción de la jornada de trabajo a 35 horas semanales nos enfrentamos a 2 posiciones aparentemente antagónicas bien como plasmación de un derecho o avance social rubricado por pactos sindicales específicos o bien como una aventura o un mero “brindis al sol” que terminará sus días con una anunciada declaración de inconstitucionalidad.

Pese a todos en el ámbito del derecho, como en tantos otros ámbitos de la vida no todo es blanco o negro, sino que en ocasiones se produce una proyección de una amplia gama de tonos grises que nos permite apreciar o matizar las posiciones de partida.

Si recordamos en la elaboración conceptual de las instituciones del Derecho del Trabajo la limitación de la jornada se erigió en uno de los pilares básico del mismo. Por tal razón, una de las primeras leyes del trabajo vino a reducir la jornada laboral diaria a 8 horas y la semanal a 48. Desde finales del siglo XIX la limitación de la jornada de trabajo a tiempo de trabajo ha sido uno de los caballos de batalla del derecho laboral.

Pese a todo desde aquella histórica innovación normativa no son particularmente significativos los avances producidos en la regulación del tiempo de trabajo.

Resulta destacable en las innovaciones producidas la aportación del filósofo Bertrand Rusell, quien hace 80 años ya formuló una tesis particular en su obra “Elogio de la ociosidad” en la que propugnaba un reparto adecuado del trabajo, no solo para distribuir adecuadamente la riqueza sino para facilitar el acceso a la felicidad de los trabajadores que, de esta manera, a través de una jornada reducida de trabajo podrían limitar los efectos nocivos de las estresantes jornadas de trabajo disponiendo de más tiempo libre.

En la actualidad con el transcurso de casi un siglo, aunque siguen siendo muy sugerentes y generadores de debate los planteamientos de Bertrand Rusell el escenario económico de la globalización acerca su discurso hacia la utopía.

De hecho hoy algunos hablan desde la perspectiva actual de discurso ingenuo a la vista del trasfondo social teñido u oscurecido por los efectos de la crisis del año 2008.

Aplicar estas medidas con carácter general plantea serias dudas de cara a la pérdida de productividad que puede llevar aparejada. En el trasfondo el problema nos encontramos el recelo de los países occidentales al escenario del Derecho del Trabajo de finales del siglo XIX. Ningún país se atrevía a instaurar la jornada diaria de 8 h. por la pérdida de productividad que la medida llevaría aparejada.

Hubo de crearse la OIT para que en 1919 se produjera la aplicación simultánea de la reducción de jornada en buena parte de los países occidentales.

Desde entonces pocos avances sustanciales se han producido –al margen de la limitación de la jornada semanal de 48 a 40 horas-.

Hoy el contexto económico es extraordinariamente más complejo de lo que podrían anticipar los avances tecnológicos de la Edad Moderna. Si constatamos las iniciativas llevadas a cabo puede apreciarse el fracaso de las mismas.

Entre ellas, el intento experimental en los años 80 en Alemania, empresa Volkswagen y sector siderometalúrgico.

O la medida más ambiciosa del Presidente Francés Lionel Jospen consistente en al reducción aplicable a todos los sectores de la jornada laboral a 35 horas. La medida con la expectativa del reparto del trabajo generó –según se apreció- la creación de 350.000 puestos de trabajo, si bien para la consecución de tal objetivo fue necesario ofrecer importantes incentivos estatales para la contratación.

Finalmente la medida, de gran calado social, fue eliminada del panorama legislativo por el gobierno Sarkozy, que procedió así a destacar uno de los emblemas de su mandato, condensado en la fórmula «trabajar más para ganar más».

Desde la oposición se consideró la medida como una «regresión social» y una «desregularización sin precedentes» que devolvía a los trabajadores a la situación característica del año 1919.

Sarkozy que se había referido a la jornada de 35 horas como «una catástrofe generalizada para la economía francesa»

En cuanto a la iniciativa francesa, más allá del apoyo público a la limitada creación de empleo quedó saldada con una situación de fracaso pudiéndose constatar en la actualidad que las nuevas líneas reformistas del gobierno Macron están alejadas de las medidas próximas a la reducción de la jornada laboral. Parece constatarse así la insuficiencia de la reducción de jornada a 35 horas no solo por carecer del efecto deseado respecto a la creación de empleo sino debido al carácter elástico del rendimiento.

En lo que respecta a la reducción horaria producida en el ámbito andaluz, producida con el objetivo manifiesto de crear 7.000 puestos de trabajo, podemos constatar  el pasado 14 de julio de 2017 el Gobierno de España anunció la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional frente al Decreto ley de la Junta de Andalucía que estableció la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos. Simultáneamente el ministro portavoz Sr. Méndez de Vigo anunció la intención de recurrir los Presupuestos de la Junta de Andalucía.

Se anticipó en la comparecencia realizada por el ministro que la rebaja a 35 horas respecto de las 37,5 que tienen el resto de trabajadores públicos infringe lo previsto a tal efecto en los Presupuestos Generales del Estado de 2013, al fijar para toda España una jornada de trabajo en las Administraciones Públicas en 37,5 horas.

El  precedente doctrinal del Tribunal Constitucional (STC de 26 de septiembre de 2016) ya resolvió el carácter inconstitucional de rebajar la jornada horaria semanal en el ámbito de la Administración.

Pese a que la respuesta desde el ámbito jurisdiccional parece cerrar definitivamente la puerta a la reforma de la jornada horaria en la Administración, tal respuesta no es conclusiva pues se abren algunos frentes que podrían desembocar en la ratificación final de la medida.

De entrada podemos sopesar los argumentos que cuestionan la medida:

1.- Uno de ellos no es otro que el de la financiación. De los informes del Banco de España podemos deducir que una medida de carácter estructural como la presente puede ofrecer resultados negativos a largo plazo.

Ello se deduce de que la medida en una economía de carácter cíclico en un  período expansivo como el presente puede adoptarse sin incrementar el déficit público. El problema puede surgir en la consideración de un ciclo económico largo donde no es fácil pensar que durante el mismo se mantenga la evolución expansiva de la economía. En ese ciclo económico largo sí podrían aparecer las dificultades de instaurar de forma definitiva la jornada de 35 horas.

2.- Tenemos la referencia del derecho comparado donde no existe ningún referente normativo exitoso o actualizado de la medida en otros países, lo cual puede redundar en el cuestionamiento de la implantación definitiva de la medida.

Los argumentos a favor de la implantación de la medida son de otro calado:

1.- De entrada el propio gobierno, para el año 2018 ha dejado abierta la posibilidad de que en determinados sectores del empleo público se pueda implantar la jornada de 35 horas, con lo cual si se verifica tal anuncio al menos en los sectores públicos aludidos la medida volvería a ser

2.- Recurrimos a argumentaciones clásicas en el Derecho del Trabajo según las cuales, no debería de afrontarse la limitación de la jornada a través de una paralela reducción de salarios, pues de ser así si se produce una rebaja paralela de jornada y salario, todo el coste del reparto del empleo correría por cuenta de los trabajadores, lo que llevaría a lo que se ha venido en denominar  «solidaridad de una sola clase».

Pues bien si recurrimos a este criterio parecería coherente admitir la justicia de reducir la jornada de trabajo en un 6,6% cuando la pérdida del poder adquisitivo de los salarios durante la crisis para los empleados públicos ha superado claramente el porcentaje del 10%.

La comunicación íntegra será objeto de publicación por la organización de las Jornadas.

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