Regulado el «bonus» por RD 231/2017 ¿qué pasó con el «malus»?

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Regulado el «bonus» por RD 231/2017 ¿qué pasó con el «malus»?

Cotizaciones. Bonus.- Comentario al Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral (BOE 24-3-17)

Hace unos años Sergio Leone firmó un clásico del cine: “El bueno, el feo y el malo”.

Hoy, emulando al genial cineasta, nuestro legislador se acuerda de incentivar las actitudes positivas, pero lamentablemente –en mi opinión- persiste el olvido de las contrarias.

De este modo, la reforma muestra un perfil exclusivamente incentivador («bonus»), verificando la opción del  legislador por obviar la vertiente penalizadora («malus») asociada al incumplimiento empresarial de sus obligaciones relativas a prevención de riesgos laborales. Se desarrolla la  DA 4ª de la Ley 35/2014, que modifica el TRLGSS en relación al régimen jurídico de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

Considera expresamente la norma que el aspecto penalizador se encuentra suficientemente cubierto en nuestro sistema normativo a través de las figuras del recargo de prestaciones, la pérdida o limitación de acceso a las subvenciones y la eventual actuación sancionadora de la ITSS. En mi opinión la acumulación de excusas que relaciona el legislador no hace otra cosa que dejar de manifiesto la ineficacia de nuestro sistema normativo en el ámbito de la canalización o represión de los comportamientos incumplidores en materia de prevención de riesgos laborales.

En el año 2010 a través del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, se da cuerpo a un  sistema de incentivos en materia de Seguridad Social que aparece destinado a «premiar» a todas aquellas empresas que, una vez alcanzados unos requisitos preestablecidos y relacionados con una contribución eficaz y constatable objetivamente, que favorezcan la reducción de la siniestralidad laboral acometiendo actuaciones que redunden en la eficacia en materia preventiva.

Este sistema, previsto expresamente en los artículos 97.2 y 146.3 de la LGSS, y que ha venido utilizándose desde entonces, si bien se considera un instrumento eficaz para la disminución de la siniestralidad, adolecería de defectos merecedores de corrección. Por este motivo, en la Ley 35/2014, de reforma de las mutuas [disp. adic. cuarta, b)], se instaba al Gobierno a que, en el plazo de un año, procediera a modificar el RD de 2010 con dos objetivos: primero, agilizar y simplificar el proceso de solicitud, reconocimiento y abono del incentivo, y segundo implantar un sistema objetivo centrado en el comportamiento de la siniestralidad.

Trascurrido un plazo mayor al inicialmente previsto, la sustancialidad de los cambios proyectados han hecho que la reforma no se traduzca en una modificación del RD 404/2010 (que resulta derogado) sino en la aprobación de un nuevo Real Decreto, el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, que, pese a su título, no conforma una regulación ex novo del sistema de incentivos hasta ahora vigente, pero sí una modificación del mismo.

La idea referente se traduce en la aplicación de reducción en las cotizaciones a las empresas que acojan de forma adecuada los principios preventivos contemplados en la Ley 31/1995 (téngase en cuenta a este respecto el artículo 15 de la misma).

De otro lado, resulta relevante identificar los requisitos que han de cumplir las empresas beneficiarias para acceder al «bonus»:. La primera impresión que se ofrece es que éstos se reducen y suavizan, dejando de tener un tratamiento diferenciado el correspondiente a las pymes.

El cumplimiento de los requisitos se lleva a cabo durante el denominado «periodo de observación» que se corresponde con los ejercicios naturales consecutivos materializados con anterioridad a la solicitud, con un máximo de 4 y siempre que no hubieran servido para justificar una pretensión previa (D.A. 2ª). Son los que se relacionan:

1ª.- Superar en volumen de cotizaciones a la Seguridad Social los 5.000 € o 250 € euros en un periodo de observación considerado, debiéndose constatar a través de las bases de datos de la Seguridad Social.

2ª.- No superar los índices de siniestralidad general y siniestralidad extrema a que se refieren los apartados 1 y 2 del anexo II de la norma, sin tener en cuenta los derivados de los accidentes «in itinere».

3ª.- Hallarse al corriente respecto de las obligaciones en materia de cotización a la Seguridad Social en el momento correspondiente al cómputo del plazo de la solicitud (comprendido entre el 15 de abril al 31 de mayo de cada año).

4ª.- No haber recibido sanción declarada firme en vía administrativa por la comisión de infracciones de carácter grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales o de Seguridad Social, que aparecieran tipificadas en la LISOS. Respecto de estas sanciones –sólo cabría tener en cuenta aquellas que hubieran adquirido firmeza y en las que el solicitante tuviera la consideración de responsable directo de la infracción. De otro lado, respecto de las sanciones graves, solo se tendrían en cuenta aquellas cualificadas por su reiteración –esto es, más de 2-  durante el periodo de observación.

5ª.- Será preciso acreditar del cumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos laborales establecidas en los apartados 1 a 5 del anexo I, debiendo la empresa acompañar a la solicitud  que lleven a cabo la declaración responsable (vid. anexo aludido).

6ª.- Haber cumplimentado el trámite de información a los delegados de prevención.

Los valores límite de los índices de siniestralidad general y de siniestralidad extrema a tener en cuenta para el cálculo del incentivo aplicable, así como el volumen de cotización por contingencias profesionales a alcanzar durante el periodo de observación, en su caso, serán fijados anualmente en la orden de cotización (vid. art. 31 y anexo de la Orden ESS/106/2017 que, ante la prórroga automática de los PGE para 2016, mantiene a estos efectos lo dispuesto en la orden de cotización de 2016).

La aplicación del «bonus»  implica una bonificación de las cotizaciones a practicar por las empresas equivalente a un 5% del importe de las cuotas por contingencias profesionales que podría alcanzar un 10% si se produce inversión en prevención de riesgos laborales, con un tope máximo que coincide con el importe de la inversión realizada. Entre otros requisitos se establece la condición de que las empresas se  encuentren por debajo de los índices de siniestralidad general.

Se incluye (modificando el RD 625/2014) la competencia de los facultativos de empresas colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social que tendrán capacidad para emitir los partes médicos de baja, de confirmación de la baja y de alta médica por curación.

La norma retrotrae sus efectos al 1-1-17, pudiendo tramitarse las solicitudes desde el 15 de abril al 31 de mayo de cada año.

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